La Habana.- IMNUMERABLES continúan siendo las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos al deporte en Cuba.

Este viernes fueron expuestos, en conferencia de prensa, ejemplos que van desde la imposibilidad de acceder a los premios ganados por los deportistas hasta las trabas para financiar la importación de insumos imprescindibles para el desarrollo desde la base al alto rendimiento.

Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del Inder, recordó lo nocivo de esa política extraterritorial, que viola los más elementales derechos de nuestro país e impide concretar la estrategia de desarrollo defendida por la sociedad. 

«Una vez más exponemos las razones de Cuba para exigir el cese del bloqueo económico, comercial y financiero, especialmente por las afectaciones que genera para el desarrollo del sistema deportivo», aseguró el directivo antes de detallar algunos detalles de esos daños.

«Debido a sus muchas expresiones en ámbitos como el alto rendimiento, los aseguramientos, la contratación de servicios y la actividad física para todos, solo entre marzo de 2022 y febrero de 2023 el deporte cubano sufrió afectaciones ascendentes a más de 850 mil dólares», precisó.

«Aun así seguimos avanzando y seguimos apostando por sostener los resultados que históricamente hemos alcanzado, pero indiscutiblemente el bloqueo ha sido una traba que impide concretar la estrategia diseñada», agregó Fornés Valenciano.

La imposibilidad de importar una cancha para la práctica del baloncesto 3x3 de fabricación estadounidenses, el cancelado acuerdo con la Major League Beisbol (MLB) y las limitaciones de las federaciones nacionales para poder efectuar sus pagos de membresía, también quedaron plasmadas como realidades que impactan en el sector.

Hubo referencias durante el encuentro a las limitaciones en el ámbito científico y docente, además del costo moral que implica la genocida política que fomenta el abandono de las selecciones nacionales como uno de los requisitos para poder acceder a algunas ligas del mundo, en especial a la MLB estadounidense.

Para Ariel Sainz, vicepresidente del Inder y titular de la Federación Cubana de Voleibol, está claro que su deporte pudiera contar con mucho más desarrollo de poder desempeñarse en condiciones de igualdad con el resto de las entidades del orbe.

«Tenemos retenidos miles de dólares ganados por concepto de premios o servicios profesionales para nuestros atletas, equipos y árbitros. Incluso, no se han podido concretar acuerdos con la federación internacional para hacer pagos a terceros», explicó.

Como casos concretos mencionó los adeudos con los árbitros Ricardo Borroto y Lourdes Pérez, con cuentas ascendentes a más de 16 mil dólares cada uno; y los contraídos con jugadores de voleibol de playa que participan en los torneos pro tours mundiales.

«Sucede que entonces buscando una vía alternativa los atletas solicitan su baja del equipo cubano, se radican en un país con una residencia temporal, hacen su cuenta bancaria y pueden recibir los fondos, pero ya el daño es irreversible, porque ya causaron baja», lamentó.

«Se trata de un fenómeno latente que limita otros proyectos y no solo económicos, pues recordemos que Estados Unidos está promoviendo la pro voley, una modalidad de voleibol profesional en la que participan muchas de las figuras del mundo en el sector femenino y las nuestras no pueden insertase», aseveró Saínz.

En la dificultad para recibir y enviar fondos por transferencias centró su explicación Yilian Fernández, directora económica de la Sociedad Mercantil Cubadeportes S. A., ente encargado de la comercialización del sector en la Mayor de las Antillas.

«El solo hecho de que aparezca la palabra Cuba en cualquier transferencia, la Ofac activa los mecanismos para que esos fondos no puedan llegar al país», recordó Yilian como principal perjuicio sobre esta actividad.

La suspensión de 15 bases de entrenamiento en lo que va de año y el pago de servicios en el exterior engrosan la larga lista de afectaciones de la unilateral política, cuyo impacto negativo en la economía cubana y la población es ampliamente rechazado años tras años en la ONU por la comunidad internacional.